Gustavo Báez Tr.
“La labor de Proyección Social y la extensión en la
Universidad fue iniciada con el fin de contribuir al mejoramiento de las
condiciones de vida de la comunidad, proponiendo soluciones para la
satisfacción de las necesidades más sentidas de nuestro país, mediante acciones
que han permitido su participación dinámica en procesos de desarrollo social y
comunitario”.
(ULGC
DOC INSTITUCIONAL NOV. 2010)
Estas notas se limitan a
tratar el tema de la proyección social y la extensión universitaria. En
ellas se puede apreciar como de una manera un tanto ambigua se ha ido
instaurando y exigiendo por parte del Estado estos importantes aspectos y lo que se diría que no ha sido precisamente de
una manera organizada o secuencial. Sin embargo se destaca como una de las condiciones
más importantes de la relación de la formación profesional y su influencia con
su entorno y la comunidad. Analicemos de manera cronológica los referentes
relacionados con los temas en mención:
LEY 30 de Diciembre 28 de 1992. Por el cual
se organiza el servicio público de la Educación Superior. En ella hace la aparición el término de extensión, mencionándolo
como la obligación de la Institución educativa de ofertar programas destinados
a difundir conocimientos e intercambiar experiencias en búsqueda del bienestar
de la comunidad y la satisfacción de sus necesidades. La ley hace un llamado a
la creación de mecanismos que promuevan las prácticas de la democracia, la
creación de valores y participación ciudadana.
LEY 749 2002 (Julio 19) Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y técnica profesional y tecnológica y se dictan otras disposiciones. En esta ley se resalta aunque de manera muy breve la exigencia de establecer políticas académicas que vinculen la docencia, con necesarios y constantes procesos de investigación, para su permanente actualización y con miras a una adecuada programación de la extensión universitaria.
LEY 789 de 2002 (Diciembre 27). Por la cual se dictan
normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican
algunos artículos del código sustantivo de trabajo. Este artículo involucró a las Instituciones en la indispensable
exigencia de lograr que los alumnos se vinculen
antes de egresar de su universidad con el mercado laboral, no sólo por la
experiencia obtenida, sino además por el correspondiente control que la
Institución hacer de sus conocimientos
impartidos y la realidad del mercado.
DECRETO 933 DE 2003. Por
medio del cual se reglamenta el Contrato de Aprendizaje y se dictan otras
disposiciones. Este decreto formalizó los contratos de aprendizaje logrando convertirlos
en la mejor fórmula para ingresar a los estudiantes al mercado laboral, involucrando
a las empresas y haciéndolas parte del proceso de la inserción de los futuros profesionales
al mercado de trabajo de nuestro país.
DECRETO 2566 DE
SEPTIEMBRE 10 DE 2003. En el tema que nos atañe en su artículo
séptimo se decreta que los programas deben contribuir a la formación y desarrollo en el estudiante a tener como futuro
profesional un verdadero compromiso
social. Resaltando que deben hacer claros y evidentes proyectos y mecanismos que
favorezcan la interacción con el entorno.
RESOLUCIÓN
NÚMERO 3462 DE 2003 (Diciembre 30). En ella se definen las características específicas de calidad para los
programas de formación hasta el nivel profesional por ciclos propedéuticos en
las áreas de las Ingeniería, Tecnología de la Información y Administración. Se menciona dentro de las condiciones de calidad para obtener el
registro calificado de los programas
académicos, destacando el componente de formación humanística (Integrado
por aspectos sociales y éticos). Comprende los saberes
y prácticas que complementen la formación integral del tecnólogo, en el desarrollo de las prácticas profesionales y pasantías, en el
diálogo interdisciplinario y contribuye a la sensibilización del estudiante
hacia la responsabilidad social el compromiso ético y el diálogo
interdisciplinario.
LEY 1188 de 2008. Por la cual se regula el registro calificado de programas de
educación superior y se dictan otras disposiciones. Es necesario destacar
algunos aspectos tratados en el artículo 20 (Condiciones de
calidad) resaltando la adecuada y efectiva relación de la Universidad
con el sector externo, en acciones estructuradas
que deben buscar proyectarla hacia la
sociedad. Así
mismo la adecuada formación en investigación que establezca los
elementos esenciales para desarrollar una actitud crítica, la capacidad de
buscar alternativas para el desarrollo del país y el fortalecimiento del número
y calidad del personal docente para garantizar, de una manera adecuada, las
funciones de docencia, investigación y extensión.
DECRETO No. 1295. (Abril 2010). Claramente
planteado con un objetivo conciso. Por
el cual se reglamentó el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y
la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior. En
él se resalta:
5.6.- Relación con el sector externo.- La manera como los programas académicos esperan impactar en la sociedad,
con indicación de los planes, medios y
objetivos previstos para tal efecto y los resultados alcanzados en el caso
de los programas en funcionamiento. El plan de relación con el sector externo
debe incluir por lo menos uno de los siguientes aspectos:
- La vinculación
con el sector productivo, según la naturaleza del programa.
- El trabajo
con la comunidad o la forma en que ella puede beneficiarse.
-
Con relación a programas en funcionamiento, el impacto derivado de la formación de los graduados, evidenciado a
través de un documento que analice su desempeño laboral. En el caso de los
programas nuevos, debe presentarse un análisis prospectivo del potencial
desempeño de sus graduados.
-
La generación de nuevos conocimientos
derivados de la investigación.
- El desarrollo de actividades de servicio social a la comunidad.
Finalmente las leyes mencionadas desarrollan las políticas
nacionales propuestas en el artículo 67
de la Constitución Política de Colombia que establece: “La
educación es un derecho de la persona y un Servicio público que tiene una
función social, con ella se busca el Acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los
derechos humanos, a la paz y a la democracia; en el conocimiento de la Historia
de Colombia y en la cultura cívica; en la práctica del trabajo y la recreación,
para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del
medio ambiente. Con ella se busca
el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y
valores de la cultura.
Como conclusión el tema de la
Proyección Social y la extensión se ha trabajado en las Instituciones
educativas y se han ido reglamentando en las últimas dos décadas pero hasta hace
sólo cuatro años se destacaron puntualmente las exigencias para los registros calificados,
aclarando algunos temas que buscan la interacción y articulación entre la
docencia, la investigación como ejes fundamentales que son de la actividad
académica.
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