8.01.2014

RECUENTO BREVE SOBRE LAS REGLAMENTACIONES COLOMBIANAS EN EL TEMA DE LA PROYECCION SOCIAL Y LA EXTENSION EN EL SECTOR EDUCATIVO



Gustavo Báez Tr.

“La labor de Proyección Social y la extensión en la Universidad fue iniciada con el fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, proponiendo soluciones para la satisfacción de las necesidades más sentidas de nuestro país, mediante acciones que han permitido su participación dinámica en procesos de desarrollo social y comunitario”.
(ULGC DOC INSTITUCIONAL NOV. 2010)

Estas notas se limitan a  tratar el tema de la proyección social y la extensión universitaria. En ellas se puede apreciar como de una manera un tanto ambigua se ha ido instaurando y exigiendo por parte del Estado estos importantes aspectos y  lo que se diría que no ha sido precisamente de una manera organizada o secuencial. Sin embargo se destaca como una de las condiciones más importantes de la relación de la formación profesional y su influencia con su entorno y la comunidad. Analicemos de manera cronológica los referentes relacionados con los temas en mención:

LEY 30 de Diciembre 28 de 1992. Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. En ella hace la aparición el término de extensión, mencionándolo como la obligación de la Institución educativa de ofertar programas destinados a difundir conocimientos e intercambiar experiencias en búsqueda del bienestar de la comunidad y la satisfacción de sus necesidades. La ley hace un llamado a la creación de mecanismos que promuevan las prácticas de la democracia, la creación de valores y participación ciudadana.

LEY 749 2002 (Julio 19) Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y técnica profesional y tecnológica y se dictan otras disposiciones. En esta ley se resalta aunque de manera muy breve la exigencia de establecer políticas  académicas que vinculen la docencia, con necesarios y constantes procesos de investigación, para su permanente actualización y  con miras a una adecuada programación de la extensión universitaria.

LEY 789 de 2002 (Diciembre 27). Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del código sustantivo de trabajo. Este artículo involucró a las Instituciones en la indispensable exigencia de lograr que los alumnos se vinculen antes de egresar de su universidad con el mercado laboral, no sólo por la experiencia obtenida, sino además por el correspondiente control que la Institución  hacer de sus conocimientos impartidos y la realidad del mercado.

DECRETO 933 DE 2003. Por medio del cual se reglamenta el Contrato de Aprendizaje y se dictan otras disposiciones. Este decreto formalizó los contratos de aprendizaje logrando convertirlos en la mejor fórmula para ingresar a los estudiantes al mercado laboral, involucrando a las empresas y haciéndolas parte del proceso de la inserción de los futuros profesionales al mercado de trabajo de nuestro país.

DECRETO 2566 DE SEPTIEMBRE 10 DE 2003. En el tema que nos atañe en su artículo séptimo se decreta que los programas deben contribuir a la formación y desarrollo en el estudiante a tener como futuro profesional un verdadero compromiso social. Resaltando que deben hacer claros y  evidentes proyectos y mecanismos que favorezcan la interacción con el entorno.

RESOLUCIÓN NÚMERO 3462 DE 2003 (Diciembre 30). En ella se definen las características específicas de calidad para los programas de formación hasta el nivel profesional por ciclos propedéuticos en las áreas de las Ingeniería, Tecnología de la Información y Administración. Se menciona dentro de las condiciones  de calidad para obtener el registro calificado de los programas académicos, destacando el  componente de formación humanística (Integrado por aspectos sociales y éticos). Comprende los saberes y prácticas que complementen la formación integral del tecnólogo, en el desarrollo de las prácticas profesionales y pasantías, en el diálogo interdisciplinario y contribuye a la sensibilización del estudiante hacia la responsabilidad social el compromiso ético y el diálogo interdisciplinario.

LEY 1188 de 2008. Por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones. Es necesario destacar algunos aspectos tratados en el artículo 20 (Condiciones de calidad) resaltando la adecuada y efectiva relación de la Universidad con el sector externo, en acciones estructuradas que deben buscar proyectarla hacia  la sociedad.  Así mismo la adecuada formación en investigación que establezca los elementos esenciales para desarrollar una actitud crítica, la capacidad de buscar alternativas para el desarrollo del país y el fortalecimiento del número y calidad del personal docente para garantizar, de una manera adecuada, las funciones de docencia, investigación y extensión.

DECRETO No. 1295. (Abril 2010).  Claramente planteado con un objetivo conciso. Por el cual se reglamentó el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior. En él se resalta:
5.6.- Relación con el sector externo.- La manera como los programas académicos esperan impactar en la sociedad, con indicación de los planes, medios y objetivos previstos para tal efecto y los resultados alcanzados en el caso de los programas en funcionamiento. El plan de relación con el sector externo debe incluir por lo menos uno de los siguientes aspectos:
- La vinculación con el sector productivo, según la naturaleza del programa.
- El trabajo con la comunidad o la forma en que ella puede beneficiarse.
- Con relación a programas en funcionamiento, el impacto derivado de la formación de los graduados, evidenciado a través de un documento que analice su desempeño laboral. En el caso de los programas nuevos, debe presentarse un análisis prospectivo del potencial desempeño de sus graduados.
- La generación de nuevos conocimientos derivados de la investigación.
- El desarrollo de actividades de servicio social a la comunidad.

Finalmente las leyes mencionadas desarrollan las políticas nacionales propuestas en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia que establece: “La educación es un derecho de la persona y un Servicio público que tiene una función social, con ella se busca el Acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; en el conocimiento de la Historia de Colombia y en la cultura cívica; en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio ambiente. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.

Como conclusión el  tema de la Proyección Social y la extensión se ha trabajado en las Instituciones educativas y se han ido reglamentando en las últimas dos décadas pero hasta hace sólo cuatro años se destacaron puntualmente las  exigencias para los registros calificados, aclarando algunos temas que buscan la interacción y articulación entre la docencia, la investigación como ejes fundamentales que son de la actividad académica.   g




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